La Paz, 08 de mayo de 2024 – El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, salió al paso este martes para desmentir las versiones tergiversadas que circulan sobre el Decreto Supremo 5143, del Registro de Derechos Reales, y denunció una campaña de desinformación orquestada por la oposición y la “nueva derecha”, en referencia al ala “evista” del MAS.
Lima señaló que la “mala información” que se ha venido generando en torno a la norma, aprobada el 10 de abril de 2024, responde a intereses puramente políticos que buscan generar “miedo, incertidumbre y propiciar el interés de una sola persona”, en alusión a la oposición que, según el Ministro, “no tiene discurso ni propuestas para el país”.
Aclarando las mentiras
El Ministro de Justicia se refirió puntualmente a dos de las principales falsedades que se han difundido sobre el Decreto Supremo 5143. En primer lugar, aclaró que el artículo 4 de la norma establece que el registro de Derechos Reales “queda a cargo del Consejo de la Magistratura” y no así de ningún ministerio de Estado, como han denunciado algunos políticos opositores.
Asimismo, desmintió rotundamente que el presidente Luis Arce tenga la potestad de nombrar a algún magistrado para hacerse cargo de Derechos Reales. Según el artículo 6 del Decreto, dicha facultad recae en el Consejo de la Magistratura.
Un nuevo sistema para el derecho propietario
“Lo que hemos hecho nosotros con el decreto supremo es establecer reglas claras que nos permitan a los bolivianos tener un nuevo sistema que nos permita a los bolivianos tener el derecho propietario consolidado y asegurado”, remarcó Lima.
En este sentido, el Ministro explicó que el Decreto Supremo 5143 tiene como objetivo principal simplificar los trámites para que las familias bolivianas puedan acceder a sus trámites de manera más eficiente, “con menos costo, menos tiempo, con seguridad jurídica y usando la tecnología”.
Garantía constitucional
Por último, Lima recordó que en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Estado se encuentra garantizada la propiedad privada de toda la ciudadanía boliviana. El Decreto Supremo 5143, en su esencia, busca fortalecer este derecho fundamental a través de la modernización del Registro de Derechos Reales y la simplificación de los trámites burocráticos.
