- Marcos Jaimes destaca el perjuicio para los litigantes si se aprueban proyectos de ley en la Asamblea
En medio de la polémica en la Asamblea Legislativa por los proyectos de ley 073 y 075, destinados a cesar a los magistrados prorrogados en sus cargos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marcos Jaimes, ha emitido una advertencia contundente sobre las posibles repercusiones de esta decisión, especialmente para los litigantes.
Consultado sobre las consecuencias de proceder con la destitución de estos magistrados, Jaimes enfatizó que el perjuicio sería de magnitudes incalculables. Subrayó que esto afectaría directamente a ciudadanos que aguardan con ansias una respuesta oportuna por parte de la justicia.
“Estamos hablando de personas que están esperando la resolución de sentencias condenatorias, la devolución de pagos pendientes o la recuperación de propiedades”, señaló Jaimes. “Es imperativo garantizar los derechos y las garantías de estos individuos, quienes se verían seriamente afectados por los efectos multiplicadores de dicha medida”.
En la Asamblea, tanto legisladores del partido “Evistas” como de la oposición están presionando para que se aborden estos proyectos de ley, los cuales proponen la destitución de los magistrados prorrogados y la suspensión de plazos procesales durante el período electoral.
Jaimes reveló que durante los días hábiles del presente año, el TSJ ha recibido un total de 638 causas, y estimó que para septiembre, cuando se lleven a cabo las elecciones judiciales, esta cifra ascenderá a más de cuatro mil casos ante el máximo Tribunal de Justicia.
“Estos datos son una muestra concreta de la afectación que podría generar la interrupción de la continuidad de los magistrados”, advirtió.
Cabe recordar que los actuales magistrados debieron concluir su gestión el 31 de diciembre de 2023, pero decidieron prorrogar su mandato para evitar un vacío de poder hasta que se realicen las elecciones judiciales. Sin embargo, tanto los “Evistas” como la oposición consideran que esta acción está motivada por un supuesto acuerdo entre las autoridades judiciales y el Gobierno para beneficiarse mutuamente.
